domingo, 31 de julio de 2011

Vaticano podría intervenir a raíz de denuncias contra líderes del Sodalicio

Hoy el periodista Pedro Salinas ha comentado en su columna del diario Perú21 un reciente artículo del profesor italiano Franceso Strazzari titulado Una crisi nel sodalizio, publicado por la revista Il Regno de Italia.

El más reciente escándalo en el Sodalicio
no pasó desapercibido

Habiendo sido la primera persona en revelar, hace más de una década, los atroces abusos psicológicos y físicos que cometen los líderes de esta poderosa agrupación católica de cuna peruana, e incluso habiendo recibido por ello amenazas que vienen siendo investigadas por la Policía Nacional, me es muy grato saber que, finalmente, después de tantos años y de todo lo que ha significado esta lucha, como afirma Salinas, "el analista italiano concluye que la cosa no quedará ahí, en un comunicado críptico, misterioso, enigmático, como el que divulgaron los sodálites, sino que, piensa, intervendrá el Vaticano".

Strazzari escribe: "La Santa Sede no ha asumido todavía ninguna iniciativa pública con respecto al Sodalicio. Pero las analogías, en escala menor, con lo sucedido en tiempos recientes a los legionarios de Cristo sugieren una intervención que no se debe excluir en un futuro próximo. Y, sobre todo, se amplían los cuestionamientos y preguntas sobre el rápido florecimiento en América Latina de agregaciones eclesiales católicas de tipo intransigente, capaces aparentemente de soportar la ‘competencia’ de las iglesias liberales pentecostales y evangélicas, pero fundadas como sus mismos competidores protestantes en un liderazgo que se revela en algunos casos como muy lejano del modelo cristiano del servicio".

Finalmente, y sin querer ahondar más en este tema sobre el cual ya he escrito lo suficiente, espero también respuestas a las preguntas que se hace Pedro en su artículo. En especial, me preocupa que, como dice él, hayan "transcurrido casi seis meses y las autoridades del clero no se han pronunciado a pesar de la existencia de indicios suficientes para iniciar una investigación seria". Y es vergonzoso, además, que tampoco se haya pronunciado ninguna autoridad civil peruana. 

Espero que ahora que el presidente Ollanta Humala mencionara su irrestricto respeto a la libertad de culto en su juramento del 28 de julio, al nuevo Congreso y al Poder Judicial dejen de temblarles la mano cuando se trate de investigar a inescrupulosos grupos que utilizan la religión para cosechar un poder que hasta el momento los ha vuelto abusivos e intocables.

ACTUALIZACIÓN [01 de agosto]

Mientras seguimos esperando que las autoridades hagan algo, el viernes pasado se ahogó en la playa Santa Marían un estudiante brasileño de 17 años vinculado al Sodalicio (según el noticiero 90 Segundos de Frecuencia Latina).



lamula.pe publicó el siguiente video cuando estalló el escándalo de los abusos sexuales.


lunes, 25 de julio de 2011

Relación oficial de ministros del primer gabinete de Ollanta Humala

Luego de tantas especulaciones, esta es la lista oficial.




jueves, 14 de julio de 2011

El curso de Religión ya no es obligatorio en los colegios del Estado

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por dieciocho votos a favor, dos en contra y una abstención, una norma que modifica la Ley de Libertad Religiosa (Ley 29635), con lo cual los alumnos que así lo deseen (con permiso o por pedido de sus padres) pueden exonerarse del curso de Religión sin que ello afecte su promedio. Si bien esto ya se aplicaba en algunos colegios privados de naturaleza laica, no era posible en los colegios estatales.

¿Por qué es necesaria una ley de estas características en un país cuya Constitución, desde 1979, reconoce que el Estado peruano es aconfesional? Es obvio. Cuando se planteó ese cambio tan radical, la Iglesia Católica no iba a aceptarlo con los brazos cruzados. Muchos beneficios económicos recibidos del Estado estaban en juego, entre ellos las exoneraciones tributarias, las subvenciones a las obras y servicios de la Iglesia, las asignaciones al clero  (no sueldos para que no tributen), etc. Es por ello que, nueve días antes de que el expresidente Francisco Morales Bermúdez dejara Palacio de Gobierno, el 19 de julio de 1980, se firmó el "Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú", más conocido como Concordato.

Este acuerdo, cuyo texto completo pueden consultar al final de una publicación previa en este blog, estipula, entre otras cosas, que "para el nombramiento civil de los profesores de Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se requiere presentación del Obispo respectivo. El profesor de Religión podrá ser mantenido en su cargo mientras goce de la aprobación del Obispo". Por ello, es parte de este acuerdo que el Estado esté obligado a impartir el curso de Religión en los colegios públicos.

En el Concordato, el curso de Religión se llama (como debería), de Religión Católica, porque no se enseñan distintas religiones o creencias, algo que podría ser positivo ya que ayudaría a que el alumno abra su mente a distintas visiones del mundo que no vemos. Pero, obviamente, eso no beneficia a los intereses de la Iglesia Católica, cuya principal fortaleza radica en el adoctrinamiento temprano (AT), táctica psicológica que fija en las mentes de los pequeños el temor al cuestionamiento y a la amplitud de conciencia. Si a los niños se les permite pensar libremente, será más difícil convencerlos de una idea específica cuando crezcan. Así de simple.

El actual Congreso ha metido la pata en muchos temas. Y la ha metido hasta el fondo. Sin embargo, en este asunto ha dado en el clavo. Y no proponiendo la norma, porque no fue propuesta por ningún congresista (aunque sí sustentada por Aurelio Pastor), sino por el presidente Alan García, y extrañamente cuando era presidente del Consejo de Ministros el Ing. José Antonio Chang, quien, a través de la Universidad de San Martín de Porres, de la cual ha sido rector por muchos años, mostró en más de una oportunidad una clara defensa de los intereses e ideología de la Iglesia Católica.

Y digo que ha dado en el clavo porque, en la exposición de motivos del proyecto de ley se explica lo siguiente:

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Nada más lógico y simple. La Iglesia Católica puede haber exigido al Estado peruano como parte de su acuerdo de 1980 que se imparta la educación de su religión en los colegios públicos, pero no puede obligar a los estudiantes a recibirla. 

Una de mis curiosidades al conocer esta buena noticia fue ver cómo habían solucionado este aspecto aparentemente insalvable del Concordato. La manera en que lo han hecho es impecablemente legal y 100 % constitucional.

La Iglesia Católica podría estar enfrentando, con la aprobación de esta modificación al artículo 8° de la Ley de Libertad Religiosa, un importante revés en su lucha por mantener su hegemonía en la sociedad y su influencia política. Esperamos que el Gobierno de Ollanta Humala siga en esa misma dirección.

Luego de esta importante conquista de la libertad de conciencia, serán los padres interesados en permitir que sus hijos se exoneren de este curso quienes deberán luchar "en la cancha" para que sus hijos realmente puedan hacerlo y que no reciban presiones de ningún tipo. El Congreso debe brindar a los padres y estudiantes que decidan acogerse a esta ley las garantías de que, si reciben algún tipo de presión o represalia, puedan presentar sus reclamos de manera sencilla y con mecanismos de solución rápidos y eficaces.

Sugiero al Congreso y al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, que se brinde la suficiente información a los padres en los centros educativos, de manera que, al momento de matricular a sus hijos, sepan claramente que pueden exonerarlos de ese curso sin perjuicio alguno, como lo indica la modificación aprobada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de la República.

Hay quienes dirán que esto no es importante o, en todo caso, que hay problemas más importantes en nuestro país. Sin embargo, deben considera que la educación crítica y analítica, que significa la base de todo pensamiento maduro, racional y libre de miedos, empieza por permitir que el alumno, desde sus primeros años, sienta que tiene libertad para pensar por sí mismo, que no es menos por pensar distinto y que la verdad no debe ser impuesta sino descubierta. De esta comprensión nace el pensamiento libre, seguro y capaz de enfrentar las adversidades en todos los aspectos de la vida humana. Quien no teme se desarrolla mejor. Quien no teme no se resigna. Quien aprende a pensar por sí mismo será un ciudadano responsable, que sabrá asumir sus propias responsabilidades sin temor a las consecuencias y con respeto por los puntos de vista ajenos.

La libertad de conciencia y la libre elección de sus creencias hace al ser humano una persona más segura de sí misma y más respetuosa de la diversidad. Es por ello que es uno de los derechos humanos más importantes según la ONU, y es por ello que las cartas magnas de los países democráticos la incluyen en sus primeros artículos.

Creo que este es un gran paso y que el siguiente es impulsar mecanismos de control para evitar que la discriminación e intolerancia pretendan sobreponerse a la ley. Es hora también de exigir que el Estado empiece a dar mayores señales de independencia frente a la Iglesia Católica, reestructurando su protocolo y, más importante aún, revisando las leyes que benefician a esta religión que, aunque sea la mayoritaria en nuestro país desde el punto de vista estadístico, constitucionalmente debe recibir el mismo trato que las demás y que las personas que no profesamos ninguna religión, aunque en la práctica no sea así.

Este es el texto sustitutorio aprobado ayer:


viernes, 8 de julio de 2011

Mi respuesta a la carta notarial de Rodolfo Orellana Rengifo y Benedicto Jiménez

En los doce años que vengo publicando artículos en distintos medios usando el nombre que lleva este blog nunca he recibido una sola carta notarial ni demanda por difamación o de cualquier otra índole.



Anoche llegó a mis manos una carta notarial firmada por Rodolfo Orellana Rengifo y Benedicto Jiménez Bacca, dueño y director de Juez Justo, respectivamente, en la cual se me advierte que podrían interponer una querella por difamación agravada en mi contra. Como corresponde, la publiqué de inmediato en su totalidad porque soy respetuoso de su derecho de réplica.

Hecha la aclaración y habiendo cumplido con su solicitud y con la ley, publicaré a continuación algunos documentos mencionados en su carta para conocimiento de mis lectores.

Documento privado de cancelación de beneficios sociales

Debido a su naturaleza de documento privado, no considero correcto presentarlo aquí. Solo citaré partes relevantes:

1. "EL EMPLEADOR (JUEZ JUSTO TV) mantiene un adeudo laboral pendiente de pago a favor del EX TRABAJADOR (Jose Enrique Escardó Steck)". 
Comentario: La empresa no estaba haciéndome un favor al pagarme, como pretenden decir en su carta, en la cual hay un reconocimiento explícito de la deuda. Es más, líneas abajo se lee: "Cabe puntualizar que la liquidación en comentario se ha practicado en fiel y estricta observancia a la normatividad laboral". Sin embargo, al llevar mi consulta al Ministerio de Trabajo, este consideró que el cálculo no se ajustaba a la ley y, por ello, ordenó iniciar los trámites para reclamar lo adeudado a través de una frustrada inspección policial que comentaré más adelante.

2. "El EX TRABAJADOR ha laborado para EL EMPLEADOR desde el 01 de Febrero del 2009 hasta el 24 de Enero del 2011, en condición de Periodista". 
Comentario: Como se ve aquí, el documento privado no especifica en ningún momento que "tenía la condición de trabajador por servicios no personales", como lo mencionan en su carta.

3. "Estando ambas partes de acuerdo con lo expresado en las cláusulas del presente contrato, suscriben el mismo...". 
Comentario: El convenio solo contiene mi firma. Nunca se me entregó una copia firmada por su gerente general, Miguel Ángel Pérez Maldonado. Asimismo, la impresión se realizó en papel simple, no membretado.

4. Acompaña a este documento otro que sí puedo hacer público:
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La "Firma del Empleador" no es del gerente general, sino de la empleada que me atendió, que era en ese momento administradora de Juez Justo. Este también es un documento simple sin membrete ni ninguna identificación de la empresa.

Los "recibos de pago" que me entregaban junto con el sueldo mensual en efectivo tenían las mismas características. Si, como afirman en su carta notarial, consideran que yo era un "trabajador por servicios no personales", deberían tener en sus archivos recibos por honorarios emitidos por mí. Pero no los tienen, ya que los recibos con los que pagaban eran internos, con código y sin nombre (el mío era E-01JJ) y sin una sola señal de pertenecer a la empresa. Todo ello a pesar de que solicité desde el primer día que se me incluyera en planilla, promesa que hizo Rodolfo Orellana Rengifo en más de una oportunidad y que jamás cumplió. Incluso ofrecí varias veces entregar recibos por honorarios y no mostraron ningún interés. 

Dos años como "trabajador por servicios no personales" debían contar, además, con algún sustento legal. ¿Dónde están los contratos temporales? En ninguna parte porque nunca me hicieron firmar uno.

A continuación, uno de los últimos "recibos" que acompañaban al pago en efectivo a fin de cada mes (tengo guardados los de todos los meses):


De la misma manera, el recibo mediante el cual hicieron efectivo el pago de la liquidación que dicen que no me correspondía pero que reconocen en el documento es el siguiente:


En ninguno de los dos hay membrete ni ninguna referencia a la empresa. 

¿Por qué, si se jactan de cumplir con sus obligaciones laborales con ejemplar pulcritud, emitían recibos internos con estas características y se negaban a aceptar recibos por honorarios o a cumplir con su compromiso de ponerme en planilla? Tengo pruebas de que no soy el único a quien se le pagaba de esta manera.

Estos documentos (y otros que no puedo publicar aquí por ser comunicaciones privadas, correos electrónicos entre ellos) fueron los que presenté al Ministerio de Trabajo (Mintra). Es gracias a estas pruebas contundentes que el ministerio solicitó a la Policía Nacional una constatación laboral. El desagradable resultado de esta diligencia se registró en la comisaría de San Isidro y la que sigue es copia certificada del documento en el cual el propio policía que la llevó a cabo relata lo sucedido:

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Si en su carta notarial aceptan que trabajé en su empresa y que no se me debía nada, ¿por qué no atendieron con respeto y amabilidad a la Policía Nacional enviada por el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué mintieron a las autoridades diciendo que la empresa ya no funcionaba en ese local? ¿Qué temían o qué es lo que querían evitar?

Un dato adicional y que con toda seguridad aclarará mejor el panorama al lector es que en su carta mencionan que enjuiciaré por estafa a Rodolfo Orellana Rengifo, pero no explican el motivo real, pretendiendo hacer creer que es debido a la deuda laboral. Pero no es así. El motivo es el siguiente:

PARTIDA 12117818 SUNARP 
(Socios fundadores y aportes)
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PARTIDA 12117818 SUNARP 
(Renuncia del directorio en pleno y de Jose Enrique Escardó Steck al cargo de gerente general e inmediato nombramiento del nuevo propietario, RODOLFO ORELLANA RENGIFO)
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La empresa mostrada en la ficha era mía. Rodolfo Orellana Rengifo me la compró en el 2009 pero nunca me la pagó. Y se cuida de no mencionarlo en su carta. Tengo correos electrónicos enviados por su asistente en marzo y abril de este año (después de la firma del convenio privado) en los cuales ella asegura que Rodolfo Orellana Rengifo tiene la intención de pagarme. Incluso en el último de ellos -del 20 de abril- me dice "Consulté con el Dr. Rodolfo respecto a tu pago por lo de la Empresa, me indico que lamentablemente por ahora no hay dinero, estamos a espera de una venta que por el momento no concluimos. Cualquier cosa me pondre en comunicación contigo". Además, el Poder Judicial puede acceder al registro de llamadas de mi domicilio y mi celular y verá que coinciden con las fechas de las negociaciones que finalmente no cumplió Rodolfo Orellana Rengifo.

Estos son los "asuntos civiles y penales pendientes" que Rodolfo Orellana Rengifo niega en su carta y, además, califica de "información no veraz". Los documentos mostrados hablan por sí solos.

Antes de que ustedes me enviaran su extensa carta, ya había tomado la decisión de dejar de tratar este asunto y no seguir reclamando lo que me corresponde. ¿El motivo? Precisamente el que exponen en el punto 2 de su carta cuando afirman "Es más no entendimos tampoco porque (sic) reclamaba el pago de beneficios a quienes considera que realizaban actividades ilícitas". 

Y aún después de su carta y de esta detallada explicación ratifico que no deseo recibir de sus manos ningún dinero aunque el Ministerio de Trabajo haya calculado que me adeudan seis sueldos y la empresa que le vendí a Rodolfo Orellana Rengifo (y que permanece a su nombre) aún siga en sus manos sin haber cumplido con pagarme un centavo.

Para terminar, el 9 de mayo remití la siguiente carta notarial a Rodolfo Orellana Rengifo. Nunca me respondió. En cambio, yo sí publiqué la suya de inmediato:

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En su carta de ayer, ustedes hacen pasar preguntas mías como afirmaciones. Las especulaciones las hacen ustedes, yo solo pregunto a los medios de comunicación y dejo claro que mis interrogantes no van dirigidas a ninguno de los dos firmantes. Me extraña que dos abogados tan duchos en el arte de la demanda judicial (han querellado por difamación a Caretas, Gente, Panorama y no sé a cuántos medios y periodistas más) tomen las preguntas de un blog como agravios e intenten silenciarme amenazándome con una posible querella por difamación agravada.

Asumen, además, pretendiendo enseñarme Periodismo cuando ninguno de los dos ejerce este oficio aunque crean que lo hacen en sus medios, que mis preguntas son insinuaciones o imputaciones. Preguntas son preguntas, y eso queda claro en el artículo que los ha motivado a escribir su carta.

A pesar de todos sus deslices, tienen derecho a sentirse afectados como cualquier ciudadano y es por ello que, como exige la ley, he publicado su carta.

Repito: NO quiero su dinero, revuélquense en él. Tampoco tengo ganas de ver sus caras en el Poder Judicial. Entiendo que se preocupen y se asusten considerando todas las pruebas que tengo. Soy un tipo sencillo y prefiero tener de almohada mi buen nombre y reputación. Y no necesito disparar notariales ni querellas a diestra y siniestra para alucinar que nadie puede tocarme.

Me despido sin olvidar agradecerles por la atención prestada a este humilde blog. Yo creía que toda la inversión que hizo Rodolfo Orellana Rengifo en su revista y sus programas de radio y TV eran mucho más "poderosos" que este intento solitario y terco por decir algunas verdades. Están ustedes servidos doctores.

Mi honor no tiene precio. Ni miedo.

Carta notarial de Rodolfo Orellana Rengifo y Benedicto Jiménez Bacca

Después de haber presentado mi renuncia en enero a la empresa Juez Justo como consecuencia, entre otras cosas, de las revelaciones del programa Panorama de Panamericana Televisión, publiqué en este blog dos artículos: Mi renuncia a Juez Justo y Preguntas acerca del "atentado a Benedicto Jiménez".

Anoche recibí una carta notarial firmada por Rodolfo Orellana Rengifo y Benedicto Jiménez Bacca, dueño y director de Juez Justo, respectivamente. La reproduzco en toda su extensión, en concordancia con el derecho constitucional que les asiste y en su calidad de aclaración y réplica. Quienes deseen pueden leer la carta completa a continuación:







Ya que ambos abogados hacen referencia a algunos hechos específicos, es necesario acompañar su carta con la publicación de documentos a los que ellos se refieren. Lo haré en el próximo post.
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